Tag Archive: Ernesto Pérez Balladares


Ojalá el Toro se quede en Perú para que sigan de pendejos. Honestamente, no creo que regrese, pero ojalá me equivoque.

hace sólo 10 días, el ex gobernante estaba bajo arresto domiciliario

Pérez Balladares viajará a Perú

Ayer, el fiscal José Ayú Prado otorgó un permiso al ex presidente para que viaje a Lima por cinco días. Al regresar, deberá entregar otra vez el pasaporte.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

El ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien es el centro de una investigación por lavado de dinero, prepara las maletas para abandonar el país.

Ayer, el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, devolvió el pasaporte del ex presidente y le autorizó a viajar a Lima, Perú, a partir de mañana y hasta el próximo jueves.

El mismo día de su regreso, deberá acudir a la secretaría de la Fiscalía, a notificarse y entregar nuevamente su pasaporte.

Sin el permiso del fiscal, Pérez Balladares no puede viajar, ya que tiene dos medidas cautelares: impedimento de salida del país y notificarse los días 15 y 30 de cada mes.

Pérez Balladares y su esposa, Dora Boyd, viajarán mañana a la capital peruana, a bordo del vuelo CM0435 de Copa Airlines, que parte a las 10:05 a.m. del aeropuerto de Tocumen. En Lima pasarán cuatro noches y regresarán el jueves, en el vuelo CM0436, que aterriza en Panamá a las 10:38 a.m.

Los itinerarios están en la solicitud que el ex gobernante entregó a Ayú Prado el pasado 30 de marzo ­el mismo día que se levantó su arresto domiciliario­, cuando pidió permiso para viajar, alegando motivos personales y de negocios.

Se pudo conocer que el viaje estaría relacionado con su afición por los caballos peruanos de paso. El mismo día que llega el ex presidente, se celebra un concurso organizado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso.

El permiso ya fue comunicado al Servicio Nacional de Migración, a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y a la Policía Nacional.

Ayer, el fiscal informó que solicitará que se le amplíe el plazo para continuar la instrucción del expediente contra Pérez Balladares ante el Juzgado Noveno Penal. El plazo legal para culminar las investigaciones se vence el 14 de abril.

VEA ‘Pérez B. va a cumplir’: Cabezas

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Estimado Dr. Pérez Balladares

Estimado Dr. Pérez Balladares,

Solamente por ser político era claro de lo poco que debíamos confiar en usted, cosa que se ha hecho aun más fácil con las pruebas de su participación en empresas dedicadas al blanqueo de capital.

¿Que por su ya avanzada edad no lo metieron al calabozo con otros criminales igual que usted? No entiendo, si su avanzada edad tampoco evitó las fechorías que cometió.

¿Casa por cárcel? ¿Cuál casa? La de Punta Barco sería espectacular.

Le levantaron la orden de arresto domiciliario con la condición que se reportara cada 15 días, pero no le basta con eso, sino que quiere salir del país también, con el pretexto de que tiene que ver sus negocios fuera de Panamá.

Oígame, no sea tan descarado. Ya que no respetó a su país, por lo menos respetese a sí mismo y respete a su esposa… a menos que ella sea igual de descarada que usted.

No sé con qué cara irá a pedir donaciones ahora para Explora. Sé que una cosa no tiene que ver con la otra, pero yo ella, no sacaría mi cara en público en buen rato.

O será que al igual que usted, a ella tampoco le importa.

 

Abogado también intenta levantar la orden de notificarse cada 15 días

Pérez Balladares pide salir del país

Ernesto Pérez Balladares se compromete a notificar al fiscal las fechas de su salida y de retorno al país, pero no informó de los países que espera visitar.

José Otero
jotero@prensa.com

El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, acusado de blanqueo de capitales, no se conforma con poder recorrer el país libremente, sino que ahora también desea viajar al extranjero.

Su abogado Luis Carlos Cabezas dirigió el pasado martes una solicitud al fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, para que levante el impedimento de salida del país que pesa contra su cliente desde el 14 de enero.

La petición de Cabezas, según se conoció, se basa en que el ex gobernante tiene una serie de compromisos personales y de negocios en el extranjero, que debe atender en los próximos días.

Según esta solicitud, Pérez Balladares se compromete a notificar al fiscal las fechas de su salida y de retorno al país. Sin embargo, en la misiva no se especifican los lugares a donde piensa viajar ni los motivos.

Hasta el pasado lunes, Pérez Balladares estaba bajo arresto domiciliario por orden de Ayú Prado. Lo que continúa invariable es la prohibición de abandonar el país, sin permiso de una autoridad competente, y la retención de su pasaporte.

En lugar de “casa por cárcel”, el fiscal impuso la medida cautelar de notificarse los días 15 y 30 de cada mes. Además del permiso para viajar a favor de su cliente, Cabezas solicitó que se le elimine esta obligación.

Ayer, Pérez Balladares recibió en su casa la visita de Balbina Herrera, ex candidata presidencial de su partido, el Partido Revolucionario Democrático.

sin comentarios sobre posible acuerdo entre martinelli y pérez balladares

Gómez, sorprendida con giro en caso EPB

La procuradora suspendida recordó que Martinelli le reprochó que no apresara ‘a los monos gordos’.

SALIDA. Ana Matilde Gómez fue suspendida del cargo el 5 de febrero pasado. Martinelli fue un duro crítico de su gestión. LA PRENSA/Archivo
 

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La procuradora general de la Nación (suspendida), Ana Matilde Gómez, dijo estar “sorprendida” por la decisión del fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, de flexibilizar las medidas cautelares al ex presidente Ernesto Pérez Balladares.

“Sorprende porque, supuestamente, la razón para sacarme a mí del cargo era que ahora sí los ‘monos gordos’ iban a estar presos”, dijo Gómez.

El 14 de enero pasado, cuando Gómez todavía era procuradora en funciones, Ayú Prado ordenó el arresto domiciliario del ex gobernante. El lunes pasado, le cambió la medida cautelar: ahora solo tiene que reportarse los días 15 y 30 ante el Ministerio Público (MP), pero se mantiene el impedimento de salida del país.

Gómez consideró que la defensa de Pérez Balladares debe haber aportado alguna prueba que lo exculpa de la comisión del delito de lavado de dinero, por el que es investigado junto con otros 11 imputados.

“Lo que aportó el señor Balladares habrá llevado al fiscal al convencimiento de que la medida [de casa por cárcel] no era cónsona con su vinculación con el proceso”, señaló.

Según Gómez, el presidente, Ricardo Martinelli –un duro crítico de la procuradora suspendida– le reprochó que Pérez Balladares no fuera detenido preventivamente.

Cuando la Corte la suspendió del cargo, el Presidente desconoció su facultad constitucional para nombrar un encargado que la reemplazara, y designó en su lugar a Giuseppe Bonissi.

Gómez no opinó sobre la posible existencia de un acuerdo entre Martinelli y Pérez Balladares, que le permitiría a este último evadir la investigación. “No puedo opinar, [pero] lo he escuchado en la calle…”, dijo.

No hubo contrato

Gómez se refirió igualmente a la decisión de Bonissi de cancelar el contrato a la consultora Aguilar & Asociados de Bolivia, luego de conocer que esta empresa tenía como asesora local a Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia.

“No he firmado ningún documento que tuviera como contraparte a Magaly Castillo”, enfatizó Gómez. También negó haber presionado o siquiera recomendado para que Aguilar & Asociados la subcontratara como asesora.

“Hay un afán y un interés en encontrar, de todas maneras, cosas indebidas donde no las hay”, remarcó.

El martes, el presidente Martinelli volvió a despreciar el papel de la Alianza y dijo que no fue elegido para “co-gobernar con grupos minoritarios”. Ese mismo día, su vocera Judy Meana señaló, equivocadamente, que Gómez había otorgado una asesoría a Castillo.

Ayer en la mañana, el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, criticó la participación de Castillo en la audiencia que se celebró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, Estados Unidos, sobre la situación de la justicia panameña. “Es un acto temerario decir que en Panamá no hay justicia… eso es un atentado contra el país, sinceramente lo digo”, expresó en el noticiero de Canal 2.

Henríquez indicó que la sociedad civil defiende a la Procuradora suspendida, “con quien tenían muy buena relación… relación que probablemente iba hasta el punto de trabajar juntos, a través de consultorías”.

Que expliquen

La Procuradora suspendida explicó que dos de los tres integrantes de la comisión evaluadora que adjudicó el contrato a Aguilar & Asociados, siguen laborando en el MP. Se trata del fiscal anti drogas Edwin Guardia y de la coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas, Jazmín Bósquez.

“Por qué no le explican, antes de que el Procurador suplente siga haciendo alarde de una situación que no es real”, señaló.

Por su parte, el ex fiscal y ex coordinador de proyectos especiales del área judicial del MP Eduardo Guevara indicó que siempre se respetaron los estándares de transparencia exigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que financió la contratación a Aguilar & Asociados. “La propuesta técnica y de precios que hizo Aguilar se correspondía con la convocatoria pública realizada por la Procuraduría”, recalcó.

Magaly Castillo exige una disculpa a Judy Meana

Magaly Castillo exigió ayer una disculpa pública al gobierno, un día después de que la portavoz presidencial, Judy Meana, dijera que tiene una asesoría de 10 mil 400 dólares al mes “adjudicada por la procuradora suspendida, Ana Matilde Gómez”.

Castillo no tiene contrato alguno con el Ministerio Público. Lo que sí tenía, era una asesoría con la consultoría Aguilar & Asociados, de Bolivia, que, a su vez, había sido contratada para capacitar a funcionarios del Ministerio Público, como parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.

Por dicha asesoría, Castillo cobraría 5 mil dólares.

“Estamos a la espera de que el gobierno corrija lo dicho por su vocera. Es muy grave cuando la desinformación y el ataque a los activistas de la sociedad civil parten de la Presidencia”, dijo la directora de Alianza. No descartó emprender acciones legales contra Meana.

La vocera presidencial, por su parte, no precisó si se disculpará.

Ayer, en Canal 13, Meana volvió a negar la existencia de una campaña contra la sociedad civil, pero acto seguido cuestionó la participación de Castillo, y de Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional (Panamá).

“He sentido que a los largo de los años ellas han variado su posición, y hemos visto que las críticas que emiten ahora no son las posiciones que adoptaban con otros gobiernos”, declaró.

Por más que utilizar el Corredor Norte me saque de apuros de vez en cuando, no deja de ser una canallada que hubiesen tenido que pasar sobre el Parque Natural Metropolitano para poder construirlo. Con algo de planificación y dos dedos de frente, tal vez no hubiese sido necesario tener que construirlo.

Ahora resulta que también quieren mudar las instalaciones de la Policía Nacional a terrenos del parque. Ahora sí es hora de protestar. En este caso sí se trata de un pulmón para la ciudad, un área oficialmente declarada como protegida, no de los árboles que talaron recientemente en Obarrio que, gústele a quien le guste, a fin de cuentas estaban ubicados en propiedad privada.

ÁREA PROTEGIDA

Parque Metropolitano, en la mira del Gobierno

El MEF analiza la posibilidad de construir la nueva sede de la Policía Nacional dentro del Parque Metropolitano. Los conservacionistas se organizan.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La integridad del Parque Natural Metropolitano está otra vez en riesgo.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adelanta gestiones para construir una nueva sede de la Policía Nacional (PN) dentro del área protegida, y aunque todavía no está bien definido el proyecto, los grupos conservacionistas se han enterado de que se trata de unas 10 hectáreas de terreno boscoso que podrían quedar cubiertas de cemento.

Si los planes se concretan, sería la segunda vez que al parque se le despoja de parte de su terreno.

En 1995, el entonces presidente, Ernesto Pérez Balladares, atravesó el parque para construir el Corredor Norte.

En ese momento, al igual que ahora, la Ley número 8 del 5 de julio de 1985 -por la cual se creó el Parque Natural Metropolitano- prohibía las construcciones de obras civiles, pero la ley fue modificada para permitir la construcción de la autopista.

El actual gobierno, liderado por los partidos Cambio Democrático y Arnulfista, tendría que aplicar la misma fórmula para construir los nuevos edificios de la PN.

Por el momento, grupos conservacionistas ya tomaron una decisión: no ceder ni un centímetro del parque.

La Asociación de Ejecutivos de Empresas, por su parte, también ha manifestado su preocupación por la posible devastación del área y ha decidido “defender la integridad” de la reserva.

Liriola Pittí, directora de la Unidad de Bienes Revertidos del MEF, es consciente de que no es posible hacer uso del parque, pero al mismo tiempo señala que para hacerlo habría que modificar la ley.

EL GOBIERNO QUIERE PARQUE NATURAL METROPOLITANO

Sede de PN, a área boscosa

El Ministerio de Economía y Finanzas afina un proyecto para mudar la sede de la Policía. La primera opción han sido los bosques de un parque.

AMENAZA. De concretarse la idea del gobierno, de construir la sede de la Policía Nacional en tierras del Parque Natural Metropolitano, un área boscosa como la que se aprecia en esta foto se destruiría. Los grupos conservacionistas se organizan a favor del área protegida. CORTESÍA /Fundación Albatros
 

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

“Reservar en la ciudad de Panamá un área natural que contribuya a mantener el equilibrio entre el medio natural y su hábitat urbano en particular, a fin de prevenir la contaminación y propiciar un ambiente sano” fue el objetivo por el que se aprobó, en 1985, la Ley 8, que establece el Parque Natural Metropolitano como un área protegida.

Doce años después, la realidad es otra.

Primero fue el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD), encabezado en su momento por Ernesto Pérez Balladares, que en 1995 vio en esa área protegida un estorbo para el desarrollo del Corredor Norte y, al final, logró que la ley se modificara para permitir la construcción de la vía.

En 2010, es el gobierno del “cambio”, liderado por los partidos Cambio Democrático y Panameñista, el que enfila su artillería legal y administrativa para hacer uso de otra parte de esas tierras. Esta vez, para construir una nueva sede para la Policía Nacional (PN).

Fuentes de grupos conservacionistas informaron que las intenciones del gobierno fueron comunicadas a los administradores del parque por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), el panameñista Alberto Vallarino y que la Unidad de Bienes Revertidos del MEF ha pedido que le entreguen los contratos de concesión que tiene el parque con las empresas que alquilaron las instalaciones que tenía el ejército de Estados Unidos en el área – como el Club Ecuestre Metropolitano–, las cuales representan el 40% de sus ingresos.

LISTOS PARA PELEAR

No solo el ministro Vallarino se ha reunido con los administradores del parque, también lo han hecho grupos conservacionistas y gremios empresariales –como la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede)–, aunque las intenciones de estos últimos son muy diferentes a las del gobierno. Empresarios y conservacionistas acordaron no ceder “ni un centímetro” del área protegida para la iniciativa que abandera el MEF.

Hasta el momento no hay nada concreto sobre el proyecto. Sin embargo, información extraoficial a la que han tenido acceso los ambientalistas indica que la zona a la que aspira echar mano el gobierno comprende unas 10 hectáreas ubicadas entre la Avenida Juan Pablo II y el Corredor Norte (ver infografía).

El rechazo de los gremios y las organizaciones no gubernamentales que protegen el ambiente no es el único escollo que enfrentará el gobierno, también deberá resolver el tema legal. La Ley 8 del 5 de julio de 1985, que crea el parque, prohíbe construcciones de obras civiles.

Los conservacionistas están conscientes de que este obstáculo es fácil de superar, ya que el gobierno tiene mayoría en la Asamblea Nacional y, tal como ocurrió durante la administración Pérez Balladares, podría modificar la ley sin problemas.

Las primeras voces en contra empiezan a escucharse. Alejandro Balaguer, director general de la Fundación Albatros Media, consideró que la iniciativa es la reafirmación del apetito que se tiene por esas tierras.

La construcción de una nueva sede de la Policía en la zona es solo la “punta del iceberg” de lo que puede ocurrir. “Hoy es la Policía, mañana es un proyecto inmobiliario”, enfatizó.

Lo que veo es una locura porque se trata de “militarizar” un área protegida, habiendo otros lugares en los que se puede ubicar esa sede, dijo Balaguer.

Rubén Castillo, presidente de Apede, aseguró que el gremio defenderá la integridad del Parque.

Argumenta que se deben buscar otras alternativas antes de pensar en la destrucción de esta área protegida. “La construcción tendrá un severo impacto sobre el parque”, advirtió.

La lista de grupos que se oponen a otra nueva intervención en las tierras del Parque Metropolitano la integran, además, The Nature Conservacy (TNC) y el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam). Para Mayté González, directora de TNC, la iniciativa es un reflejo de que no existe una política ambiental en el país.

Alegó que la iniciativa gubernamental no se debe ver solo desde la perspectiva ambiental, sino también desde el punto de vista de la planificación. “En términos catastrales es una zona que se valoriza cada día que pasa, pero no podemos ver esa valorización sin el servicio ambiental que ofrece”, aclaró.

González coincide con Balaguer en el sentido de que “hoy es la Policía y mañana es un proyecto urbanístico”.

Félix Wing, director legal de Ciam y ex director del parque, consideró que la construcción del Corredor Norte, atravesando el área protegida fue deliberada, para que poco a poco el parque fuera perdiendo tierra.

Ciam ha iniciado una campaña denominada “Ni un árbol menos” y con esa consigna se apresta a defender esta zona, considerada el pulmón de la ciudad.

Balaguer va un poco más allá. Alerta que devastar el bosque del parque ocasionará un aumento en la temperatura de la capital.

ANAM Y MEF DICEN NO SABER DEL PROYECTO

Javier Arias, administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), dijo a este medio que hasta la fecha no ha recibido solicitud formal alguna de la iniciativa del gobierno.

Preguntado sobre su posición ante este tema y si la Anam estaría en capacidad de defender el parque contestó: “¿Por qué no? Estamos facultados por ley para hacerlo y el gobierno está dando claras señales de escuchar nuestras sugerencias. Prueba de esto es que el presidente me ha invitado a participar de las reuniones de Gabinete”.

Consultada sobre la iniciativa del MEF, Liriola Pittí, jefa de la Unidad de Bienes Revertidos, contestó: “En este momento no he recibido una solicitud formal para ello. Si es en parque nacional el que lo autoriza es Anam; si es en áreas revertidas es mi responsabilidad y cuando llegue me haré responsable de la decisión que se tome”.

Pittí recalcó que a menos que haya un cambio en la ley y el plan de uso de suelos esa porción [el Parque Metropolitano] no puede usarse. “Mientras la ley no cambie no podemos usar áreas que son parque nacional”, reiteró.

La administradora del Parque Metropolitano, Dionora Víquez, ha guardado silencio. Aunque se comprometió a conceder una entrevista, la canceló, alegando que espera la autorización del patronato, que preside el alcalde capitalino, el arnulfista Bosco R. Vallarino.

Se intentó obtener la versión del alcalde, pero no se le pudo localizar. Su equipo de relaciones públicas informó que esta semana, posiblemente, respondería.

El 3 de julio de 2009, recién asumía su mandato, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció que su gobierno daría una serie de beneficios para los casi 20 mil hombres que componían la Fuerza Pública, entre ellos, supermercados, equipos técnicos, aumento de salarios y barriadas para residir, para evitar que tuvieran que convivir con los maleantes a los que luego debían apresar.

LA TELARAÑA JURÍDICA DEL AMBIENTE

Que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) esté impulsando la construcción de una nueva sede de la Policía Nacional dentro del Parque Nacional Metropolitano es un mal presagio para el ambiente. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es representada ante el Ejecutivo por el MEF, de acuerdo con la Ley 41 de 1998, que creó la Anam.

Esto le permite al Ministro de Economía y Finanzas presentar ante el Consejo de Gabinete una iniciativa legislativa para modificar la ley del Parque Nacional Metropolitano y de paso permitir la construcción de la nueve sede. Jorge Mitchell, ex director de Asesoría Legal de la Anam, dijo que esa posibilidad legalmente es viable.

Sin embargo, consideró que la Ley 41 también le confiere a la Anam herramientas legales para oponerse a una iniciativa como esta, con informaciones técnicas y científicas sobre la necesidad de conservación de la zona. “La Anam, por ley, no solo está obligada a conservar la biodiversidad, sino a recuperarla”, indicó.