Todos los días me toca pasar por ahí para ir a de mi casa al trabajo y regresar.

Yo vi el accidente. Vi a la señora recibiendo ayuda y el bultito tirado a media calle.

Ese día era mi primera clase de manejo y no pasa un día que no me acuerde.

Ah! Y también sé como se llama la susodicha en cuestión y que trabaja como oficial de Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo y eso (y su salario también) es información pública, pero ahora resulta que está “de licencia”, así que los datos del salario ya no están disponibles.

Ahora, digamos que era una niña de 17 años en un BMW que atropelló a una madre con su bebé. Solamente con esos datos la satanizan, pero el haber huido de la escena y no haber hecho el más mínimo esfuerzo para socorrerlos ya la convierten en la mala de la película por derecho propio.  Pero también podríamos decir que cualquiera se hubiera espantado. ¿Correcto?

Pero resulta también que un accidente que le pudo haber pasado a cualquiera, y una reacción como la de huir, que también le pudo haber pasado a cualquiera se tornó en una acción criminal cuando mami, en ese entonces juez municipal, deliberadamente mandó a reparar el BMW blanco en cuestión…

Más que la propia joven, la criminal aquí es su madre, que tras no haberle enseñado a su hija a asumir sus responsabilidades, para rematar ha sacado ya mucho provecho de su cargo como servidora pública.

Ahora, no vengan a decirme que el hablar de este caso en un foro público atenta contra la reputación y honra de alguien, cuando se trata de hechos verídicos, reportados ampliamente en los medios locales.

Lo mejor es que no necesito decir cómo se llaman para que se sepan de quién estoy hablando (y así no violo ninguna normativa de la orden del juez Hyman).

Si algo de lo que he escrito es falso, espósenme de una vez.

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Juez favorece a hija de funcionaria de la Corte

Juan Manuel Díaz
jdiaz@prensa.com

Un juez prohibió difundir la identidad de la mujer que estuvo involucrada en un accidente automovilístico en el que atropelló mortalmente a un menor de tres años hace siete años, y que es hija de una alta funcionaria en la Corte Suprema de Justicia.

El juez penal de Adolescentes, Argo Hyman, también prohibió difundir datos del expediente, ya archivado. La Corte Suprema sostiene que los procesos de adolescentes son “estrictamente confidenciales”, pero la joven que estuvo involucrada ya es mayor de edad.

Juez penal prohíbe informar sobre proceso judicial

Juan Manuel Díaz C.
jdiaz@prensa.com

El Juzgado Primero Penal de Adolescentes, en auto 139-10 del 1 de junio pasado, prohibió a los medios difundir información relacionada con la identidad de una mujer procesada y absuelta en el año 2007 por el delito de homicidio culposo.

La mujer es hija de una alta funcionaria del Órgano Judicial que, además, aspira a convertirse en magistrada del Segundo Tribunal de Justicia.

La prohibición del juez Argo A. Hyman –que actuó a petición del abogado Ronier Ortiz– se extiende a los diarios digitales y páginas web que permiten foros abiertos con opiniones anónimas.

Hyman fundamentó su prohibición en el artículo 37 de la Constitución, que se refiere a las “responsabilidades legales” de la libertad de pensamiento, cuando se atente contra la reputación u honra de las personas.

El juez también apela a los artículos 13, 15 y 16 de la Ley 40 de 1999 (“ley de adolescentes”) y los artículos 18 y 16 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ya que cuando ocurrieron los hechos la mujer era menor de edad.

Celma Moncada, abogada de una de las víctimas de este proceso, aseguró que la orden del juez Hyman viola el derecho a la información y censura hechos que fueron de conocimiento público.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Guillermo A. Adames, opinó que “estas son acciones éticamente repugnantes que invitan a pensar que se pretende mantener un monopolio en cualquier acción penal que involucre a los miembros de la tribu en el poder”.

La ex magistrada de la Sala Penal y del Tribunal de Niñez y Adolescencia Esmeralda de Troitiño reconoce que hay un principio de “reserva”, pero se pregunta “por qué ahora hay un pronunciamiento” del juez Hyman, siete años después de ocurridos los hechos y cuando han transcurrido tres años desde que la procesada fuera absuelta.

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