Estimado Dr. Pérez Balladares,

Solamente por ser político era claro de lo poco que debíamos confiar en usted, cosa que se ha hecho aun más fácil con las pruebas de su participación en empresas dedicadas al blanqueo de capital.

¿Que por su ya avanzada edad no lo metieron al calabozo con otros criminales igual que usted? No entiendo, si su avanzada edad tampoco evitó las fechorías que cometió.

¿Casa por cárcel? ¿Cuál casa? La de Punta Barco sería espectacular.

Le levantaron la orden de arresto domiciliario con la condición que se reportara cada 15 días, pero no le basta con eso, sino que quiere salir del país también, con el pretexto de que tiene que ver sus negocios fuera de Panamá.

Oígame, no sea tan descarado. Ya que no respetó a su país, por lo menos respetese a sí mismo y respete a su esposa… a menos que ella sea igual de descarada que usted.

No sé con qué cara irá a pedir donaciones ahora para Explora. Sé que una cosa no tiene que ver con la otra, pero yo ella, no sacaría mi cara en público en buen rato.

O será que al igual que usted, a ella tampoco le importa.

 

Abogado también intenta levantar la orden de notificarse cada 15 días

Pérez Balladares pide salir del país

Ernesto Pérez Balladares se compromete a notificar al fiscal las fechas de su salida y de retorno al país, pero no informó de los países que espera visitar.

José Otero
jotero@prensa.com

El ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, acusado de blanqueo de capitales, no se conforma con poder recorrer el país libremente, sino que ahora también desea viajar al extranjero.

Su abogado Luis Carlos Cabezas dirigió el pasado martes una solicitud al fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, para que levante el impedimento de salida del país que pesa contra su cliente desde el 14 de enero.

La petición de Cabezas, según se conoció, se basa en que el ex gobernante tiene una serie de compromisos personales y de negocios en el extranjero, que debe atender en los próximos días.

Según esta solicitud, Pérez Balladares se compromete a notificar al fiscal las fechas de su salida y de retorno al país. Sin embargo, en la misiva no se especifican los lugares a donde piensa viajar ni los motivos.

Hasta el pasado lunes, Pérez Balladares estaba bajo arresto domiciliario por orden de Ayú Prado. Lo que continúa invariable es la prohibición de abandonar el país, sin permiso de una autoridad competente, y la retención de su pasaporte.

En lugar de “casa por cárcel”, el fiscal impuso la medida cautelar de notificarse los días 15 y 30 de cada mes. Además del permiso para viajar a favor de su cliente, Cabezas solicitó que se le elimine esta obligación.

Ayer, Pérez Balladares recibió en su casa la visita de Balbina Herrera, ex candidata presidencial de su partido, el Partido Revolucionario Democrático.

sin comentarios sobre posible acuerdo entre martinelli y pérez balladares

Gómez, sorprendida con giro en caso EPB

La procuradora suspendida recordó que Martinelli le reprochó que no apresara ‘a los monos gordos’.

SALIDA. Ana Matilde Gómez fue suspendida del cargo el 5 de febrero pasado. Martinelli fue un duro crítico de su gestión. LA PRENSA/Archivo
 

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La procuradora general de la Nación (suspendida), Ana Matilde Gómez, dijo estar “sorprendida” por la decisión del fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, de flexibilizar las medidas cautelares al ex presidente Ernesto Pérez Balladares.

“Sorprende porque, supuestamente, la razón para sacarme a mí del cargo era que ahora sí los ‘monos gordos’ iban a estar presos”, dijo Gómez.

El 14 de enero pasado, cuando Gómez todavía era procuradora en funciones, Ayú Prado ordenó el arresto domiciliario del ex gobernante. El lunes pasado, le cambió la medida cautelar: ahora solo tiene que reportarse los días 15 y 30 ante el Ministerio Público (MP), pero se mantiene el impedimento de salida del país.

Gómez consideró que la defensa de Pérez Balladares debe haber aportado alguna prueba que lo exculpa de la comisión del delito de lavado de dinero, por el que es investigado junto con otros 11 imputados.

“Lo que aportó el señor Balladares habrá llevado al fiscal al convencimiento de que la medida [de casa por cárcel] no era cónsona con su vinculación con el proceso”, señaló.

Según Gómez, el presidente, Ricardo Martinelli –un duro crítico de la procuradora suspendida– le reprochó que Pérez Balladares no fuera detenido preventivamente.

Cuando la Corte la suspendió del cargo, el Presidente desconoció su facultad constitucional para nombrar un encargado que la reemplazara, y designó en su lugar a Giuseppe Bonissi.

Gómez no opinó sobre la posible existencia de un acuerdo entre Martinelli y Pérez Balladares, que le permitiría a este último evadir la investigación. “No puedo opinar, [pero] lo he escuchado en la calle…”, dijo.

No hubo contrato

Gómez se refirió igualmente a la decisión de Bonissi de cancelar el contrato a la consultora Aguilar & Asociados de Bolivia, luego de conocer que esta empresa tenía como asesora local a Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia.

“No he firmado ningún documento que tuviera como contraparte a Magaly Castillo”, enfatizó Gómez. También negó haber presionado o siquiera recomendado para que Aguilar & Asociados la subcontratara como asesora.

“Hay un afán y un interés en encontrar, de todas maneras, cosas indebidas donde no las hay”, remarcó.

El martes, el presidente Martinelli volvió a despreciar el papel de la Alianza y dijo que no fue elegido para “co-gobernar con grupos minoritarios”. Ese mismo día, su vocera Judy Meana señaló, equivocadamente, que Gómez había otorgado una asesoría a Castillo.

Ayer en la mañana, el ministro de Comercio, Roberto Henríquez, criticó la participación de Castillo en la audiencia que se celebró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, Estados Unidos, sobre la situación de la justicia panameña. “Es un acto temerario decir que en Panamá no hay justicia… eso es un atentado contra el país, sinceramente lo digo”, expresó en el noticiero de Canal 2.

Henríquez indicó que la sociedad civil defiende a la Procuradora suspendida, “con quien tenían muy buena relación… relación que probablemente iba hasta el punto de trabajar juntos, a través de consultorías”.

Que expliquen

La Procuradora suspendida explicó que dos de los tres integrantes de la comisión evaluadora que adjudicó el contrato a Aguilar & Asociados, siguen laborando en el MP. Se trata del fiscal anti drogas Edwin Guardia y de la coordinadora del Centro de Asistencia a Víctimas, Jazmín Bósquez.

“Por qué no le explican, antes de que el Procurador suplente siga haciendo alarde de una situación que no es real”, señaló.

Por su parte, el ex fiscal y ex coordinador de proyectos especiales del área judicial del MP Eduardo Guevara indicó que siempre se respetaron los estándares de transparencia exigidos por el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que financió la contratación a Aguilar & Asociados. “La propuesta técnica y de precios que hizo Aguilar se correspondía con la convocatoria pública realizada por la Procuraduría”, recalcó.

Magaly Castillo exige una disculpa a Judy Meana

Magaly Castillo exigió ayer una disculpa pública al gobierno, un día después de que la portavoz presidencial, Judy Meana, dijera que tiene una asesoría de 10 mil 400 dólares al mes “adjudicada por la procuradora suspendida, Ana Matilde Gómez”.

Castillo no tiene contrato alguno con el Ministerio Público. Lo que sí tenía, era una asesoría con la consultoría Aguilar & Asociados, de Bolivia, que, a su vez, había sido contratada para capacitar a funcionarios del Ministerio Público, como parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos.

Por dicha asesoría, Castillo cobraría 5 mil dólares.

“Estamos a la espera de que el gobierno corrija lo dicho por su vocera. Es muy grave cuando la desinformación y el ataque a los activistas de la sociedad civil parten de la Presidencia”, dijo la directora de Alianza. No descartó emprender acciones legales contra Meana.

La vocera presidencial, por su parte, no precisó si se disculpará.

Ayer, en Canal 13, Meana volvió a negar la existencia de una campaña contra la sociedad civil, pero acto seguido cuestionó la participación de Castillo, y de Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional (Panamá).

“He sentido que a los largo de los años ellas han variado su posición, y hemos visto que las críticas que emiten ahora no son las posiciones que adoptaban con otros gobiernos”, declaró.

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